El concepto fue instaurado en el 2018 por el gobernador Domingo Peppo y se calcula sobre la sumatoria del sueldo básico, gastos de representación y suplemento, en esta ocasión rige desde el 01 de enero de este año y queda sujeto a la aprobación de la Legislatura provincial.

Una vez conocida la medida, desde la UCR se la criticó fuertemente: "es inmoral, es una falta de respeto al personal de salud y de la policía que arriesgan su vida a diario frente a la pandemia y combatiendo el delito, a los docentes, a quienes año tras año se los humilla y miente con promesas que no se cumplen; a jubilados y pensionados, a todos ellos se los sostiene con salarios por debajo de la línea de pobreza, en situación de precarización, perdiendo por lejos frente a la inflación", afirmó Carim Peche, presidente del interbloque de diputados de la UCR.